En Cuba, el poder del pueblo, como expresión directa de la democracia socialista, está refrendado en la Constitución de la República; pero ¿de qué forma el cubano que no ocupa un cargo político o gubernamental puede, desde la base, en la comunidad, acceder y usar su poder para contribuir a transformar la realidad?

La Carta Magna aclara: «Por medio de las Asambleas del Poder Popular y demás órganos del Estado que de ellas se derivan».

 La Ley No. 132/2019 de organización y funcionamiento de las asambleas municipales del Poder Popular y de los consejos populares revela el camino del pueblo para ejercer el control y construir el modelo de país.

Con 210 artículos y ocho capítulos, la normativa precisa la estructura, funciones y prerrogativas de cada uno de los componentes del llamado «poder popular», que se manifiesta a diario en el accionar del delegado y los electores como cimientos del sistema político cubano.

Uno de los más importantes cambios que incorporó la Ley No. 132 fue el derecho de los integrantes de los consejos populares a realizar controles sobre las entidades de producción y servicios de incidencia local.

El carácter popular de ese ejercicio lo convierte en un potencial mecanismo de regulación contra las ilegalidades y violaciones que suelen darse en instituciones estatales y no estatales, e implica al propio ciudadano como motor de los cambios que necesita a su alrededor.

A dos años de aprobada, Granma repasa las experiencias respecto a ese tema: ¿son efectivos los controles?, ¿qué resultados han tenido?, ¿cómo pueden mejorar?

A CADA PROBLEMA, SU CONTROL

Leonel Martínez González es, hace unos dos años, delegado a la Asamblea Municipal del Poder Popular de Guantánamo por la circunscripción 50. Ese órgano le designó la tarea de presidir el consejo popular de Centro Oeste, uno de los más extensos en la urbe del Guaso.

«Ha sido un encargo retador, sobre todo en tiempos de la COVID-19, cuando más afloraban las dificultades y las soluciones no dependían de nosotros, pero sí de la capacidad de gestión –revela Martínez González-. En este tiempo, además de la cercanía con mis electores, la herramienta que más nos sirvió para responder a las demandas de la mayoría y aliviar la situación del consejo fueron los controles populares, una idea que llegó para quedarse, y así lo defiendo».

Explica que el delegado siempre ha tenido como parte de sus responsabilidades velar por el adecuado funcionamiento de las entidades que accionan en sus circunscripciones, pero lo que propone el Capítulo VII de la Ley 132 es implicar más a las personas en transformar su entorno.

«Anteriormente, solo participábamos los delegados en el llamado control y fiscalización, pero ahora debemos invitar a todo aquel que pueda contribuir a evaluar, señalar, sugerir y revisar minuciosamente la labor administrativa de las entidades públicas y privadas, más aún si han sido señaladas por vox populi», detalla el dirigente.

Mensualmente se realizan tres ejercicios de control popular, que se aprueban a finales de año para no dejar ningún área o sector sin pasar por el filtro de la ciudadanía. En el centro oeste de Guantánamo, por ejemplo, se han analizado temas como el abasto de agua, la situación de las escuelas, bodegas y consultorios médicos, la venta de gas licuado, la producción del pan, la comercialización de productos agrícolas, los llamados «coleros»…

«Cada vez que anunciamos un control se nos unen especialistas de servicio, jubilados (según el sector que chequeemos), líderes comunitarios, y todo aquel que lo desea, además del administrativo jefe del lugar a visitar. Una vez concluido, hacemos el informe con los señalamientos positivos y negativos, lo discutimos y exigimos un plan de medidas que debe entregarse en siete días como máximo, y cumplirse desde su emisión», revela Leonel.

Sin embargo, siempre hay organismos que se atrasan en la respuesta que se les reclama, y otros que no adoptan con inmediatez las decisiones sugeridas (el cambio de un dependiente, la reorganización de un servicio); pesa mucho el burocratismo, pero eso no desanima a Julia Savón Mansfarroll, quien participa activamente en los controles al noroeste de la ciudad.

Savón Mansfarroll reside en el reparto Pastorita, y confía en que esta herramienta será una potencialidad para cualquier directivo municipal, porque garantiza el monitoreo permanente de la opinión pública y la calidad de las prestaciones, así  como el combate a la corrupción y otros delitos desde el mismo barrio.

«También los trabajadores de las instituciones visitadas se sienten más atendidos, porque visibilizamos sus necesidades y apoyamos con recursos propios la solución: el mantenimiento a equipos, cambio de luminarias o el sistema de electrificación. Transformamos las condiciones laborales que no siempre son adecuadas, por falta de recursos, y también por dejadez propia y del organismo superior», afirma Arsoide Brooks, otro participante en los controles.

Norkis Silva Guibert, delegada de la circunscripción 46, y presidenta del consejo popular de Pastorita, asevera que desde que comenzaron los controles el cambio ha sido sustancial.

Ejemplifica con las bodegas, «todas están pintadas, remozadas; Comercio debe ganar mucho en la cultura del detalle y nosotros los vamos a animar. Igualmente, las panaderías se ven más limpias, aunque el pan todavía puede mejorar. La venta de productos en TRD y Cimex es más organizada, porque colocamos a una señora sin vínculo laboral para que apoye y vele por el trabajo allí».

Margarita Ferrera Pérez, coordinadora de la zona 126, apunta, por su experiencia, que «falta sistematicidad, aunque algunos temas están predeterminados porque los aprobamos previamente, no podemos dejar nada pendiente en el camino; del seguimiento que hagamos depende nuestra credibilidad, y si debemos presionar más a la administración lo hacemos, para eso tenemos potestad, incluso, de solicitarle apoyo al Presidente de la Asamblea Municipal».

También preocupa el impedimento que en algunos casos surge cuando, conocida la situación de entidades enclavadas en el consejo, no pueden ser controladas porque el alcance de su labor es municipal o provincial, pero ¿si existen indicios de negligencias que afectan al pueblo, no es ahí cuando más efectivo e imprescindible resulta el control popular?

Igual resalta la necesidad de revisar los mecanismos de comunicación, pues aunque la opinión de los delegados es que la mayoría de los guantanameros conocen cuándo, cómo y dónde se realizan los controles, la práctica demuestra que no es así.

 Falta aprovechar más los métodos de socialización tradicionales (reuniones, despachos con los electores) o crear nuevos (canales o grupos de redes sociales, líderes informales de opinión) para que más gente sepa y participe en esas demostraciones de poder popular.

PRECISIONES:

La Ley No. 132  establece que en los controles se puede comprobar:

• la calidad de los servicios públicos prestados.

• el adecuado destino de los recursos entregados por el municipio a las entidades.

• el impacto ambiental de la entidad.

• el cumplimiento de las acciones aprobadas en el plan de desarrollo integral del municipio.

• el cumplimiento del plan de ordenamiento territorial y urbano.

• Otros aspectos que defina la Asamblea Municipal o su Presidente.